El fiscal del caso Marcelo Silva formuló cargos por dos hechos de estafa con tarjeta de crédito contra una mujer, que en otra causa es investigada como integrante de una asociación ilícita dedicada a realizar ese tipo de delitos.

En este caso, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos por los dos hechos relatados, ambos ocurridos en 2021, pero por el momento no avaló el pedido del fiscal para unificarlos con la causa de la asociación ilícita.

Silva le atribuyó a R.E.M, junto a un hombre que no pudo ser acusado en la audiencia dado que se encuentra detenido en una unidad penal de Río Negro por otra causa, haber realizado dos hechos de estafa.

El primero ocurrió el 17 de julio de 2021, cuando se presentaron en un local comercial ubicado en un shopping de la ciudad de Neuquén y advirtieron al vendedor que iban a realizar “una compra grande”. Le manifestaron que iban a pagar mediante el sistema de Pagos Offline, indicando que R.E.M era clienta de otra sucursal, y realizaron tres operaciones: una por $40.620, otra por $65.710, y una tercera por 73.290 pesos. Al realizar las compras de manera offline, el sistema emitió comprobantes que no fueron registrados, generando un perjuicio total por $179.620.

El segundo hecho que Silva le atribuyó a la mujer ocurrió el 28 de julio de 2021, cuando junto al mismo hombre del primer caso, se presentaron en un local comercial del centro de la ciudad para comprar teléfonos celulares. De manera “avasallante” respecto de la vendedora, R.E.M tomó el equipo para el cobro con tarjetas de crédito y lo manipuló para desconectarlo del sistema, lo que le permitió realizar compras por $113.608 primero, $117.540 después, una tercera compra por $2.900 y, finalmente, una cuarta por $9.543. El perjuicio total en este caso ascendió a $243.581

El fiscal del caso encuadró lo ocurrido en el delito de estafa, dos hechos en concurso real (artículos 172, 45 y 55 del Código Penal).

Finalmente, el fiscal explicó que, en el marco de la causa por asociación ilícita, R.E.M debía presentarse semanalmente ante el Ministerio Público Fiscal y que, como ya incumplió esa medida en una oportunidad, era necesario garantizar que no evadirá el proceso. Por esa razón solicitó la imposición de una prisión preventiva por 6 meses.

El juez de la audiencia no hizo lugar a esa solicitud, pero sí impuso otra que solicitó luego el fiscal Silva: además de los comparendos semanales que deberá retomar, R.E.M deberá abonar una caución de $250.000.