Por pedido del fiscal jefe Mauricio Zabala, un varón será juzgado por hacerse pasar por abogado y estafar en $16.405.000 a familiares de dos condenados, bajo la promesa de sacarlos de la cárcel.
Durante la audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial, el representante del MPF le atribuyó al imputado, haber cometido las estafas entre junio y agosto de 2024, tras haberse presentado como abogado frente a las víctimas y haberle cobrado por sus servicios.
De acuerdo a la teoría del caso que presentó Zabala una persona con motivo de tener detenidos a dos hermanos, tomó contacto y contrató los servicios del acusado, quién dijo ser abogado. El supuesto abogado se reunió con las dos personas condenadas y atribuyéndose ser matriculado, simuló asumir la defensa prometiéndoles obtener su libertad, para lo cual les cobró $4 millones más los gastos de cada una de las presentaciones judiciales que debía realizar. En principio les solicitó $1 millón para comenzar con los trámites, monto que la víctima y su hijo procedieron a abonarle en efectivo.
Éste accionar derivó luego en sucesivos pedidos de dinero durante los meses de junio y julio hasta totalizar más de $16 millones. Para poder afrontar los pagos al supuesto abogado, los familiares de las personas que estaban detenidas incluso llegaron a endeudarse.
El último engaño, en agosto de 2024, consistió en asegurarle a las víctimas que había realizado, en su representación, una demanda contra los antiguos abogados de los detenidos y que en el corto plazo cobrarían un resarcimiento por $88 millones, lo que les permitiría afrontar las deudas contraídas. Mediante ese ardid, que incluyó un llamado telefónico de parte de un falso fiscal, los alentó a tomar nuevos préstamos para afrontar los supuestos gastos que requería la libertad “con tobillera electrónica” de los detenidos.
Las estafas terminaron cuando una persona con la que las víctimas se habían endeudado, les advirtió que la persona no era abogado.
Los delitos que el fiscal jefe le atribuyó por estas conductas son: estafa en concurso ideal con usurpación de título, todo en carácter de autor (artículos 247, 172 y 45 del Código Penal).
Entre las pruebas que la fiscalía llevará al juicio Zabala detalló: declaraciones de testigos, peritos y efectivos policiales; e informes realizados sobre distintos dispositivos electrónicos secuestrados al imputado, entre otras.
Tras escuchar a las partes el juez de garantías Raúl Aufranc, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló el requerimiento de apertura a juicio y dispuso la intervención de un tribunal colegiado para juzgar el caso.
Con la resolución adoptada por el magistrado, la Oficina Judicial deberá fijar dentro de los próximos días, la fecha para la realización del debate sobre la responsabilidad penal.