La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) elevó al recinto el pliego de Natalia Fernanda Pelosso, candidata a jueza penal para la I Circunscripción Judicial. A la vez, el cuerpo que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) emitió hoy despacho a dos proyectos de ley: la prórroga para facilitar los trámites para la escrituración de lotes y viviendas y el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de Rentas.

El cuerpo aprobó el despacho, por mayoría con el único voto disidente de la banca del PTS-FIT, del pliego de Pelosso, tras la entrevista de rigor que le realiza a postulantes a jueces, juezas, defensores, defensoras y fiscales de la provincia.

En su intervención, Pelosso fue consultada por el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que eliminó el plazo de tres años del proceso penal establecido en el Código Procesal Penal (CCP). “Es un retroceso” indicó al remarcar que el plazo razonable constituía uno de los pilares del plexo normativo penal, junto con la democratización de la justicia, las salidas alternativas de conflictos y la división de funciones de fiscales y defensores. “Volvemos a la incertidumbre de antes –de la sanción del CCP- y a la voluntad de cada juez”, agregó Pelosso.

La actual defensora pública también se pronunció sobre los proyectos de reforma del CCP para instituir el juicio directo en casos de flagrancia sin acuerdo de partes. “Es un poco contradictorio” indicó al sostener que, en tales delitos, la fiscalía suele solicitar el plazo máximo de investigación. En ese sentido, dijo que “en la práctica, si no se hizo operativo, habrá que indagar en otras cuestiones, no en la oposición (al juicio directo) de la defensa pública”.

Ejemplificó que, desde la implementación del CPP a la actualidad, hubo uno o dos casos de pedido de juicio directo. “Tal como está redactado hoy, es viable que se hagan los juicios directos”, concluyó tras mencionar que “evitaría modificaciones para no alterar el espíritu del Código”. Finalmente aseguró que “las herramientas están para que los casos se resuelvan rápido y se le den respuestas a la sociedad y a las víctimas”.

Observó, además, que el Código refiere a la pena como una de las últimas alternativas en la resolución de conflictos penales. En esa línea, cuestionó el “discurso social” que “exige cárcel para todos” al remarcar que el sistema carcelario provincial “se encuentra colapsado” y asegurar que el encierro en las tales condiciones no cumple con el fin resocializador. “El delito no se va a evitar porque la persona haya sido encarcelada antes”, añadió Pelosso.

En relación a los institutos del CCP, también se refirió al juicio popular, el que a su criterio, debiera alcanzar un veredicto por unanimidad y no por mayoría para los casos de pena máxima: la cadena perpetua. Dijo que “la unanimidad es innata al juicio por jurados” y se inclinó también a favor de que los delitos contra la administración pública sean juzgados por dicho tipo de jurados con participación ciudadana.

En otro tramo, se le preguntó a Pelosso si aplicaría la objeción de conciencia para justificar su excusación en el ejercicio de funcionaria judicial, ocasión en la que adujo que “en la administración pública de la justicia, no es una alternativa posible. Si alguien quiere elegir a quién defender y a quién no, que se ponga un estudio jurídico”, señaló tras tras ejemplificar que no se lo plantea en casos de abuso sexual o femicidios. “El trabajo en la función pública es para todos, y la defensa al juicio es una garantía constitucional sin excepción. Si el acusado elige la defensa pública, el Estado la tiene que asegurar y para eso estamos nosotros”, enfatizó.