Desde la Cámara de Productores de Centenario y Vista Alegre pidieron la reforma del programa de promoción de la sanidad y calidad frutihortícola, creado por ley 3293. Lo hicieron hoy al participar de la reunión de la comisión de Producción, Industria y Comercio (E) que preside el diputado Gerardo Gutiérrez (MPN). La intención es incluir en el beneficio de los incentivos a pequeños productores de otros cultivos que no fueron contemplados en la norma original, sancionada en el 2021.

Al hablar, el titular de la Cámara, Federico Rozza, explicó que previo al programa existía una ley de premio estímulo que justamente contemplaba una ayuda financiera para la compra de la feromona que confunde, y por tanto combate, a la larva de la carpocapsa. Posteriormente, y en el mismo sentido, se sancionó la ley de sanidad vegetal que es la vigente en la actualidad y sobre la que la anterior gestión de gobierno había propuesto su modificación a fin de incluir nuevos cultivos al beneficio.

En ese sentido, Rozza se inclinó a favor de la modificación que, según dijo, ampliaría el beneficio a pequeños productores de frutos con carozo (cereza, pelón, durazno, damasco, etc.), de uvas y de olivos. A la vez, pidió que la reforma de la ley contemple la inclusión de una fecha probable de liquidación del beneficio ya que, según mencionó, el año pasado se demoró y terminó perdiendo valor monetario con la devaluación del peso argentino.

A su turno, Gabriela Romano –también integrante de la Cámara- señaló que sería oportuno que se unifique el criterio de la composición del valor del beneficio, a fin de evitar desigualdades en el cobro. Mencionó por caso que el año pasado el productor de pepita cobró menos por hectárea que el de fruticultura a quien se le tomó un valor referencial a partir del precio del combustible. El objetivo final es que “no se desvirtúe el incentivo frente al costo de la producción”, sintetizó Romano.

En cuanto al impacto de la reforma, Rozza y Romano proyectaron que permitiría incluir a unos 20 o 30 productores al programa que, en el 2022 demandó 70 millones de pesos para 1829 hectáreas y 126 productores y el año pasado alrededor de 160 millones, para 1866 hectáreas y 134 productores.

Al finalizar su exposición, Rozza pidió a los diputados y las diputadas el tratamiento de una ley para delimitar las zonas productivas al interior de la provincia a fin de resguardarlas. Dijo que es necesario un marco legal que permita “obtener certeza” a mediano o largo plazo para la actividad productiva frente a un escenario de gran urbanización.