Por pedido de la defensa, uno de los imputados como jefes de una asociación ilícita que realizó estafas con la administración de planes provinciales de asistencia al desempleo, el exfuncionario Ricardo Soiza, llegará al juicio detenido en su domicilio.
Soiza estuvo en prisión preventiva desde julio de 2023, luego de las primeras formulaciones de cargos realizadas por la fiscalía. Desde ese momento, la medida cautelar fue confirmada en distintas oportunidades, siempre a partir de la necesidad de resguardar el proceso y evitar que Soiza influyera en otros coimputados o testigos de los hechos que se investigan.
Ahora, la jueza Carina Álvarez tomó los argumentos de la defensa del exdirector de Planes Sociales de la provincia y le concedió la detención domiciliaria debido a cuestiones relativas a su salud.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli había pedido mantener la prisión preventiva, a partir de que distintos informes que solicitó la fiscalía indicaron que los cuidados o tratamientos médicos que requiere el imputado podían ser suministrados en la comisaría en la que estaba alojado.
Todo ocurrió en una audiencia realizada ayer, luego de que se presentaran ocho acuerdos de condena y seis sobreseimientos en la misma investigación. Respecto de la salud de Soiza, la jueza ordenó limitar la información con el objetivo de proteger su intimidad.
Hoy, al momento de dar su resolución, la jueza aclaró que mantiene la prohibición de contacto con el resto de las personas imputadas o testigos, y le impuso controles policiales diarios.
La causa:
La fiscalía investiga a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito. En su esquema de acusación, determinó distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. En ese rol de “jefes” de la organización hay otros dos funcionarios: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.