El fiscal del caso Juan Narvaez, junto a las asistentes letradas de la fiscalía de Delitos Económicos, Agustina Jara y Tanya Cid, formularon cargos a un nuevo imputado en el marco de la investigación por estafas con planes sociales del Ejecutivo provincial.
La asistente letrada Jara imputó a A.M.L por haber formado parte de la asociación ilícita destinada a defraudar el patrimonio del Estado provincial, que entre el 30 de septiembre de 2020 y 31 de julio de 2022. Según explicó Jara, la asociación estuvo integrada por funcionarios y empleados de distintas dependencias del Poder Ejecutivo, pero también de particulares que colaboraron en las maniobras a cambio de recibir un beneficio económico. En este último grupo de partícipes ubicó al nuevo imputado.
El imputado A.M.L se ubica en el nivel 5 de la asociación ilícita, que de acuerdo con una pirámide de responsabilidades y jerarquías en la que en el primer nivel se ubican los jefes de la organización, es el de aquellos que sin cumplir con los requisitos para tener un subsidio, aceptaron y se beneficiaron en su patrimonio. Jara le atribuyó a A.M.L haber suscripto contratos de alquiler de vehículos con uno de los jefes de la banda, el imputado Pablo Sanz, sin cumplir con las disposiciones de la Ley 2141 (de Administración Financiera). Afirmó que “por esos acuerdos cobró su servicio con cheques que se nutrían de la cuenta en la que se depositaban los fondos para pagar los planes sociales”, y precisó que “fueron 103 cheques, por un total de $4.982.500”.
Por esa maniobra, la fiscalía lo acusó por integrar la asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito y fraude a la administración pública reiterada, todo en calidad de coautor (artículos 210; 173, inciso 15; 174, inciso 5; 45 y 55 del Código Penal).
Luego, la asistente letrada Cid explicó la evidencia que se recolectó hasta el momento para realizar la formulación de cargos.
Sobreseimiento:
Tras la formulación de cargos, el fiscal Narvaez solicitó el sobreseimiento de otro acusado, M.M.G, a quien originalmente se le atribuyó la responsabilidad por el alquiler de los vehículos. El fiscal de Delitos Económicos indicó que el avance de la investigación permitió precisar que el responsable por esas operaciones fue A.M.L, a quien se imputó durante la audiencia realizada hoy, y pidió el sobreseimiento de M.M.G.
Luego de escuchar a las partes, el juez de garantías Cristian Piana hizo lugar a ambos pedidos de la fiscalía, es decir, a la formulación de cargos y al pedido de sobreseimiento.