El fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmó que entre 12 y 14 personas serán acusadas en una audiencia de formulación de cargos que solicitó ayer y que comprende una primera etapa del análisis de la información que surgió en el marco de la investigación que lleva adelante por irregularidades en el cobro de planes sociales.
“La ley procesal nos da un plazo de 60 días hábiles para realizar una investigación preliminar. Si bien no se han cumplido, hemos decidido formalizar la investigación a través de la formulación de cargos”, adelantó Vignaroli, y anticipó que los hechos investigados se encuadran en dos delitos: asociación ilícita y estafas por uso de tarjeta de débito ajena.
El fiscal jefe afirmó que desde la unidad fiscal a su cargo “pudimos determinar la existencia de una organización en la cual hay personas que cumplen el mismo o distintos roles y que permanecen en el tiempo”. Luego precisó que había un grupo de personas “tenían un fin específico, que era el de reclutar a quienes luego terminaban como beneficiarios”.
El primer paso de la maniobra, describió el fiscal, era solicitar una copia del DNI a ese potencial beneficiario e incluirlo en una nómina, que podía ser de dos clases de subsidio: para personas desocupadas o para quienes estén en una situación social vulnerable. La persona reclutada debía concurrir al banco y firmar la documentación correspondiente a la apertura de cuenta, para luego entregar la tarjeta junto a las claves al reclutador o reclutadora. “Esta tarjeta era retenida por el reclutador, que también era extractor, o se entregaba a otra persona para que fuera extractor”, detalló Vignaroli.
Si bien por normativa bancaria, las filmaciones de los cajeros automáticos se resguardan por hasta 90 días, en este caso, el fiscal jefe indicó que se logró recuperar las filmaciones más allá de ese tiempo: desde enero a julio de 2022. “En esta primera etapa de la formulación vamos a limitar a ese período, porque es respecto de lo que tenemos información para formalizar la investigación”, señaló Vignaroli, que precisó para este rango de tiempo un perjuicio económico de aproximadamente 63.400.000 pesos.
Con el pedido de la audiencia confirmado, informó que la fecha de la realización depende del agendamiento de la Oficina Judicial, pero la estimó para la segunda mitad de noviembre.
El proceso de investigación se inició tras una denuncia realizada por autoridades del Banco Provincia de Neuquén. Esa denuncia alertó por una maniobra en la que personas que no cobran planes sociales utilizaban las tarjetas de los beneficiarios para retirar el dinero de los cajeros automáticos.