Durante una audiencia que se desarrolló durante dos días, la unidad fiscal de Delitos Económicos, a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso Juan Narváez, amplió la acusación por la investigación que lleva adelante por supuestas estafas en la administración de planes sociales en el Ejecutivo provincial.
La cantidad de personas imputadas pasó de 19 a 27 y, con la información recabada durante la investigación desarrollada en los últimos meses, se detallaron responsabilidades en cinco niveles diferentes, con cinco funcionarios de alto rango señalados por liderar la asociación ilícita que, entre septiembre 2020 y el 31 de julio 2022 , se quedó con $153.377.900 de la administración pública.
La investigación preliminar comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2022, cuando se realizó la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena; y fraude a la administración pública, todos en calidad de coautores.
En ese momento se imputó a 19 personas, tres de las cuales fueron acusadas por liderar la organización: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. El primero fue señalado por la fiscalía como “jefe” de la organización, mientras que los dos restantes como sus colaboradores directos. Las 16 personas restantes estaban empleadas en el ministerio de Desarrollo Social y fueron acusadas por integrar, con distintas funciones, la misma asociación ilícita.
Niveles
En la audiencia que comenzó ayer y finalizó hoy, el fiscal Narváez precisó la reformulación de la acusación respecto de las personas señaladas como jefes de la asociación ilícita. A los ya imputados Soiza, Sanz y Osuna sumó a dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler. El fiscal del caso definió que todos “pergeñaron y organizaron la asociación ilícita destinada a obtener de dinero proveniente de fondos del Estado provincial, de manera ilegítima”.
Por debajo de ese nivel, con la investigación desarrollada en los últimos meses se establecieron cuatro niveles más: el de colaboradores directos de los jefes; el de quienes se ocupaban de reclutar posibles beneficiarios de planes sociales; el de quienes extraían el dinero; y el de quienes eran incluidos o incluidas como beneficiarias de planes sociales sin reunir los requisitos.
En total, la reformulación de cargos efectuada entre ayer y hoy comprendió a 27 personas, entre particulares y empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Otras tres personas no se presentaron a la oficina judicial y serán acusadas en una nueva audiencia.
A Soiza, Sanz, Osuna, Di Luca y Siengentharler, la fiscalía les atribuyó el delito de asociación ilícita, en carácter de jefes, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real, en carácter de coautores (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal). El resto de las personas fue acusada por integrar la asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9303 hechos en concurso real (artículos 210, primer párrafo; 163, inciso 15; y 174, inciso 5 del Código Penal).
La maniobra:
El fiscal jefe Pablo Vignaroli precisó que la maniobra consistió en reclutar posibles beneficiarios de un plan asistencial que, creado en febrero de 2018, estaba destinado a personas que no tuvieran trabajo. De acuerdo con la investigación, los y las beneficiarias de los planes finalmente no recibían el total del monto asignado.
Las pruebas que hasta el momento recolectó la fiscalía permiten atribuir conductas a las personas imputadas entre septiembre 2020 y el 31 de julio 2022.
“Tejieron una estructura piramidal en donde los jefes impartían órdenes hacia los colaboradores, los reclutadores y, finalmente, a quienes retiraban dinero mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero utilizando tarjetas de débito que le pertenecían a los beneficiarios”, relató Vignaroli. Y respecto de la organización, sostuvo que “a raíz de esta estructura piramidal, cada persona cumplía un rol determinado”. “Si bien algunas de ellas no se conocían con las otras, sí tenían el conocimiento de las conductas que estaban llevando a cabo y finalmente, la realizaban para cumplir con su rol”, agregó.
Además de Vignaroli y Narvaez, por la fiscalía de Delitos Económicos participaron en la audiencia las asistentes letradas Agustina Jara y Tania Cid y la agente Aylynne Mora Marcos.
Tras escuchar a las partes y todos los planteos de las defensas, la jueza de garantías Estefanía Sauli tuvo por formulados los cargos contra todas las personas imputadas.