El diputado Carlos Coggiola (PDC) presentó un proyecto de ley para crear un régimen de protección integral de los humedales en la provincia. La iniciativa establece pautas para la identificación, registración y preservación de los humedales, como así también para la regulación, autorización y control de actividades humanas que se desarrollen en esos entornos, y prevé un régimen de sanciones.
El proyecto propone como autoridad de aplicación a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, y plantea que los humedales naturales serán considerados bienes ambientales de dominio público por su importancia ecológica, socioeconómica y cultural. A la vez, contempla la creación de un Consejo Asesor que definirá en cada caso las actividades permitidas y reguladas.
Por otro lado, establece la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de los humedales. Entre ellas, la dispersión de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de origen industrial o producido por las labores agrícolas, como por ejemplo las fumigaciones áreas y terrestres. También prohíbe la construcción de obras de arquitectura o infraestructura (terraplenes, canales, bordos y urbanizaciones, con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos que no alteren la composición del humedal); la exploración y explotación minera e hidrocarburífera; la instalación de industrias o el desarrollo de actividades industriales; la eliminación de bosques, montes, pajonales, pastizales y otras formaciones vegetales nativas de los humedales de origen natural; y los desarrollos inmobiliarios que contemplen la inclusión de la totalidad o parte de un humedal.
En cuanto a las sanciones por daño causado al bien ambiental, la iniciativa contempla apercibimientos; multas entre uno y cincuenta mil salarios mínimos vital y móvil; revocación de las autorizaciones o habilitaciones administrativas; suspensión de hasta tres años en la matrícula profesional y los registros de consultores; y el cese definitivo de la actividad.
En los fundamentos, Coggiola menciona que el interés por los humedales viene creciendo por la importancia que tienen estos reservorios de agua en el marco de la actual crisis climática y ecológica global. Y, en el caso de Neuquén, hace referencia a la crisis hídrica ambiental y recuerda que en 2020 la Legislatura emitió una comunicación que requiere al Congreso Nacional la sanción de una ley nacional de protección de los humedales, que nunca ocurrió.
“Las funciones ecológicas de los humedales como reguladores fundamentales de los regímenes hidrológicos –regulando crecidas- y como hábitats de una fauna y flora característica, los transforma en un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo que hace necesaria la elaboración de políticas públicas que garanticen su preservación”, sostiene.
En otro tramo, señala que un caso de impacto negativo de la actividad humana sobre estos ambientes lo constituyen los humedales ubicados en el ejido de la ciudad de Neuquén, como el del brazo Todero del río Limay, sobre el cual se realizan permanentes agresiones a su existencia, con destrucción de su vegetación y su fauna de rica diversidad, y rellenos ilegales de su lecho para llevar adelante desarrollos urbanísticos sin controles eficientes ni autorizaciones estatales, lo que generó la intervención de la Defensoría del Pueblo de la ciudad.