En septiembre, con recursos propios, se asignaron 250 millones de pesos. Los pagos se realizaron de forma directa, tras la elaboración de un informe profesional que acredita situaciones de vulnerabilidad que requieran asistencia.
El Gobierno provincial -a través de la subsecretaría de Familia dependiente del ministerio de Gobierno- cumplió con el pago mensual a beneficiarios de los programas de “Políticas de Protección Integral de Niños, Adolescentes y Familia”. El objetivo es garantizar los derechos sociales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante la ejecución de acciones de asistencia integral, de acuerdo a los planes de intervención que elaboran los equipos técnicos intervinientes.
A través de estos dispositivos, se alcanzó en septiembre a una población de 1.669 personas, contemplando los subprogramas que atienden específicamente situaciones de familias con personas mayores y personas con discapacidad. Desde enero a la fecha el Ejecutivo Provincial destinó un total de 1.275 millones de pesos para la ejecución de esta política pública.
La implementación del Sistema Único de Registro (SUR) y el trabajo articulado con otros organismos optimizó las tareas y el procesamiento de los datos, garantizando el control y la transparencia. Desde la subsecretaría detallaron que esta herramienta permite que detrás de cada persona haya un informe social de un equipo interdisciplinario conformado por trabajadores sociales y psicólogos que avala una situación de vulnerabilidad que requiere la asistencia directa del Estado.
Los programas:
A comienzos de la gestión, la subsecretaría de Familia puso en marcha tres programas de contención y asistencia a personas en estado de vulnerabilidad con vigencia hasta diciembre de 2024. Se trata de “Políticas de protección integral de los derechos del niño, adolescentes y familia”, “Políticas de protección integral de los derechos de la familia” y “Políticas de protección integral de los derechos de los adultos mayores”. Estos instrumentos fueron diseñados para proporcionar apoyo económico a aquellos que tienen menos recursos y/o se encuentran atravesando otras situaciones de vulnerabilidad y contribuyen a reducir las desigualdades económicas y sociales.