El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) presentó un pedido de informe para conocer qué escuelas públicas de gestión privada reciben subsidios del Estado provincial y a cuánto ascienden los montos percibidos.

El pedido, dirigido al Consejo Provincial de Educación, solicita el listado de instituciones educativas públicas de gestión privada que reciben subsidios del Estado. A la vez, consulta por la distribución de los 9800 millones de pesos contemplados en el presupuesto 2023 para subsidiar a la educación privada, a fin de conocer en detalle cuánto se le asignará a cada escuela.

En los fundamentos, el legislador indica que el monto destinado a subsidiar la educación privada se equipara a las partidas proyectadas para la construcción de seis nuevas escuelas, ampliaciones y reparaciones. Asegura que esa cantidad de escuelas dista de ser las que requiere la educación pública, atento a la matricula proyectada. En ese sentido, argumenta que “con los millones destinados a financiar a la educación privada, se podrían construir el doble de escuelas” en la provincia.

Más adelante agrega que la mayoría de las escuelas subsidiadas, además de lo que le otorga el Estado, cobra cuotas para su funcionamiento, por lo que sostiene que “la educación privada es un negocio altamente lucrativo” y destinar dicha suma de dinero de las arcas provinciales constituye “una sangría de recursos hacia los empresarios”.