Un Tribunal de Impugnación avaló el pedido realizado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, y ratificó la prisión preventiva impuesta a Ricardo Soiza quien se encuentra bajo investigación por estafas en la administración de planes sociales.
En una audiencia realizada el pasado 6 de julio, un juez de garantías impuso la prisión preventiva por cuatro meses a Soiza. El 13 de julio, un tribunal revisó esa decisión y la confirmó por unanimidad. Luego, la defensa de Soiza presentó un recurso de impugnación que derivó en la realización de la audiencia de hoy.
El fiscal Vignaroli especificó durante la audiencia que la defensa “no ha demostrado una situación actual que amerite la aplicación de una prisión domiciliaria, ni de una medida alternativa a la prisión preventiva”. El representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que se encuentra vigente el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Gustavo Kohon, en representación de la fiscalía de Estado, adhirió a los planteos del Ministerio Público Fiscal.
Tras escuchar los argumentos de las partes, el tribunal de impugnación conformado por dos jueces y una jueza, ratificó por unanimidad la decisión del tribunal revisor, de prisión preventiva por 4 meses.
Además de Ricardo Soiza, en el caso hay otros dos detenidos: Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna, quienes al momento de los hechos eran funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia y por los cuales hoy no se discutió la prisión preventiva.
El caso:
La medida se enmarca en la investigación por la cual el 29 de noviembre de 2022, el fiscal jefe Pablo Vignaroli formuló cargos contra 19 personas. Les imputó integrar, con distintos niveles de participación, una asociación ilícita orientada a quedarse con fondos públicos que tenían como destino original atender situaciones de vulnerabilidad producto de la desocupación.
Al momento de los hechos, Soiza ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Según la investigación, intervino como “jefe” de la organización; tenía dos colaboradores directos en la ejecución de las maniobras delictivas: Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.