En una audiencia de modificación y revisión de las medidas cautelares, la fiscal del caso Inés Gerez requirió que un varón, acusado por haber abusado sexualmente de una mujer, continúe detenido en prisión preventiva.
Durante la audiencia realizada el pasado jueves, Gerez indicó que es necesario resguardar el proceso y, ante el vencimiento de la prisión preventiva que viene cumpliendo el acusado, requirió su extensión. En este sentido, explicó que persisten los riesgos de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a la mujer. “Existe un riesgo de que el imputado pueda influir en la víctima”, afirmó.
Gerez aclaró que, a partir de un acuerdo con la defensa, en los próximos días se evaluará un domicilio en el que el acusado pueda continuar con su detención hasta finalizar la investigación. Planteó la necesidad de que, una vez efectivizada esa prisión domiciliaria, se fijen rondines policiales para controlar el cumplimiento de la medida cautelar.
Por último, indicó que resulta necesario realizar otras diligencias probatorias, y requirió que se prorrogue por un mes el plazo de investigación.
El juez de garantías Eduardo Daniel Egea hizo lugar al planteo y ordenó la prisión domiciliaria por el plazo de un mes. Indicó que la medida se efectivizará una vez que se constate el domicilio ofrecido por la defensa y ordenó que, mientras tanto, continúe en prisión preventiva. “Una vez que la oficina judicial reciba la conformidad de la fiscalía y de la defensa, con el informe elaborado por la policía, quedará efectiva la prisión domiciliaria”, puntualizó.
Además el magistrado dispuso cuatro rondines policiales diarios y sorpresivos, y ordenó la prohibición de comunicación del imputado con la víctima por cualquier medio, así como también de ejercer actos de intimidación o perturbación hacia la mujer. “Ante algún incumplimiento la prisión domiciliaria será revocada”, indicó Egea.
Por último el juez fijó la prohibición de que ingresen menores de edad al domicilio en el que estará alojado.
El hecho:
De acuerdo a la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 26 de mayo de 2024, a las 19:30, en la ciudad de San Martín de los Andes. El abuso fue en el interior de la vivienda en la que estaba la víctima y el imputado, ya que son parte de un entorno familiar. Horas más tarde, el acusado le envió un mensaje amenazándola de que no contara nada, adjuntándole una foto con un arma de fuego y proyectiles.
Calificación penal:
En la audiencia de formulación de cargos realizada el 27 de mayo de este año, el varón quedó imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con el delito de amenazas coactivas con arma, en calidad de autor (artículos 119 tercer párrafo y 149 ter del Código Penal).