Los asistentes letrados Hernán Scordo y Federico Sura pidieron ayer que la persona acusada por el homicidio José Miguel Rubilar en la ciudad de San Martín de los Andes, continúe detenida con prisión preventiva.
La solicitud la hicieron por la mañana durante una audiencia realizada en la ciudad, en la que plantearon que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación de parte del imputado, así como para la integridad física y emocional de testigos del caso.
Entre otros aspectos, destacaron que con el avance se lograron recolectar audios telefónicos de amenazas de parte del imputado hacia el entorno de la víctima; y que además existen testimonios de relevancia de parte de vecinos y vecinas del imputado.
“Tenemos riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya el acusado podría influir sobre vecinos y vecinas; y hay riesgo para familiares de la víctima que han aportado información sobre el móvil del crimen”, especificaron Scordo y Sura.
En este contexto, solicitaron una prórroga de 30 días de la prisión preventiva del imputado. Y remarcaron que la prisión domiciliaria que requirió la defensa del acusado no servía para neutralizar los riesgos existentes.
La querella particular que representa a la familia de la víctima, adhirió al planteo de los representantes del Ministerio Público Fiscal.
La teoría del caso de acuerdo a la investigación provisoria del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, es que el hecho fue cometido el 15 de diciembre de 2023 entre las 23 y las 23.30.
El imputado estaba en su domicilio de calle Coronel Pérez junto a la víctima, cuando comenzaron a discutir y a insultarse. “Voy a buscar algo, después vengo”, le dijo el acusado a Rubilar y regresó con un arma tipo carabina calibre 22. Efectuó al menos cinco disparos, uno de los cuales impactó en la cabeza de la víctima y le causó la muerte.
El delito que le atribuyó la fiscal del caso Inés Gerez al momento de hacer la formulación de cargos el pasado 16 de diciembre, fue homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, y tenencia ilegítima de arma de fuego para uso civil.
Como medida cautelar, en ese momento, la fiscal del caso pidió dos meses de prisión preventiva para el imputado. El juez de garantías avaló el pedido por un plazo de diez días, el cual vencía ayer.
Por esta razón los asistentes letrados solicitaron la prórroga de 30 días en la audiencia de ayer, la cual fue avalada por el juez de garantías hasta el próximo 26 de enero.