A partir del trágico motín registrado en la U11 hace pocos días y que costó la muerte de dos internos, la diputada Soledad Martínez del FdT presentó un proyecto de resolución pidiendo información vinculada a condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad en dicha unidad de detención y en otras dependencias carcelarias de la provincia. También se consulta sobre el Comité Penitenciario, el Programa Provincial de Inserción Socio-Laboral “Segunda Oportunidad”, talleres productivos y acceso a la salud.
La legisladora, que ya había formulado otro pedido de similares características en plena pandemia a la entonces Ministra de Seguridad Vanina Merlo, que nunca fue respondido, presentó ahora nuevamente una iniciativa en sentido similar.
La resolución refiere al monitoreo de los lugares de detención o encierro, cómo canalizan las personas privadas de la libertad sus denuncias por violaciones a su integridad psicofísica, torturas y malos tratos, u otras necesidades básicas no satisfechas; también busca conocer detalles sobre la confección de informes periódicos vinculados a las condiciones de detención y qué disposiciones rigen dentro de las unidades como comisarías y alcaidías, cantidad de internos alojados, y situación edilicia, entre otros.
Por otro lado Martínez solicita precisiones en torno a garantizar el acceso al proceso educativo, desarrollo de talleres y para garantizar a la atención de su salud desde lo preventivo hasta la atención de patologías específicas.
En particular en el pedido también consulta sobre la Creación del Comité Penitenciario y el Programa Provincial de Inserción Socio-Laboral, denominado “Segunda Oportunidad”, de elaboración de la dirección provincial y conocer además resultados de la “prueba piloto de “Talleres Productivos para mujeres en contexto de encierro”, que llevan adelante la Subsecretaría de Desarrollo Social, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia.
En los fundamentos de la iniciativa se destaca que “una trágica noticia revela, sólo como muestra de una situación generalizada, el deficitario estado de las cárceles en la provincia y la falta de garantía a los derechos de las personas privadas de su libertad…. Esta situación registrada en la U11 es clara muestra de que se está violando el precepto constitucional de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas…”