Mediante acuerdo, quien se desempeñaba como enfermera, fue condenada por robar y vender vacunas del hospital en el que trabajaba y que estaban bajo su custodia, en la ciudad de Taquimilán.
En una audiencia de procedimiento abreviado realizada la semana pasada, el fiscal del caso Víctor Salgado presentó ante el juez el acuerdo al que arribó junto a la defensa del acusado. Prevé la declaración de responsabilidad por los delitos de peculado en calidad de autora (artículos 261 y 45 del Código Penal).
Asimismo, comprendió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, con el cumplimiento de reglas de conductas: no cometer nuevos delitos, someterse al control de la población judicializada de manera trimestral y fijar domicilio.
Por último, la condena implicó además una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
La mujer aceptó su responsabilidad penal y el cumplimiento de la pena acordada.
Finalmente, el juez de garantías encargado de la audiencia, Lisandro Borgonovo, homologó el acuerdo presentado por las partes en todos sus términos, y la mujer fue condenada por peculado.
El acuerdo de una pena en modalidad condicional fue posible por la ausencia de antecedentes penales de la mujer; y se realizó a los fines de resolver la situación procesal de la mujer, en un plazo menor del que llevaría realizar un juicio oral.
El hecho:
La teoría del caso que probó el Ministerio Público Fiscal es que el hecho ocurrió sin poder precisar la fecha exacta, pero entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2024 a las 22:15, en el centro de salud de la localidad de Taquimilán.
La mujer, quien cumplía funciones como enfermera en ese lugar, en su carácter de funcionaria pública, se llevó dos vacunas contra el virus papiloma humano que pertenecían al Hospital de Chos Malal. “Estas vacunas estaban destinadas a su colocación en niños y niñas en el ámbito de salud pública”, indicó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Posteriormente, en la localidad de Las Lajas, la imputada vendió a otra mujer las vacunas por la suma de $320.000. “Con este accionar utilizó las vacunas que le fueron confiadas en razón de su función para su propio beneficio, sacando un provecho económico”, sostuvo el fiscal.
Por último el Ministerio Público Fiscal sostuvo que García cometió el hecho en ocasión de su cargo y función como enfermera de un centro de salud público, a partir de que le fue confiada la custodia de las vacunas por el director del Hospital de Chos Malal. García “quitó las vacunas de la esfera de custodia del centro de salud de Taquimilán, destinándolas a un fin extraño de los que tiene la entidad”.