Mediante un escrito presentado ante el Tribunal de Impugnación, desde la unidad fiscal de Delitos Ambientales se planteó la impugnación ordinaria contra la resolución de una jueza de garantías que, la semana pasada, rechazó una formulación de cargos contra dos nuevos acusados en una investigación por contaminación.
La teoría de la fiscalía es que al menos desde 2017, la cooperativa eléctrica de Plottier mantuvo tres transformadores acopiados a cielo abierto en un depósito de la entidad. La situación se extendió hasta que, entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, se procedió al entierro de estos transformadores -en el mismo predio- y se los cubrió con hormigón.
Además, de acuerdo con la investigación desarrollada, entre 2014 y los primeros días de mayo de 2023, la cooperativa mantuvo colocados dos transformadores con PCB, que según los registros administrativos, contenían una concentración superior a la que se permitió hasta 2010, cuando se prohibió por completo el uso del refrigerante.
En la causa hay dos imputados a los que se les aceptó la formulación de cargos. Se trata H.C.P, miembro titular del consejo de administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, acusado por el delito de contaminación peligrosa para la salud pública, en calidad de coautor (artículo 57 y 55 de la Ley 24.051, con remisión al artículo 200 y 45 del Código Penal). El segundo imputado es el exsubsecretario de Ambiente de la Provincia, Juan de Dios Lucchelli, a quien se le atribuyó el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de autor (artículos 248 y 45 del Código Penal), por no haber ejercido las tareas de control durante su período al frente del organismo provincial.
La semana pasada, el fiscal jefe Breide Obeid y la asistente letrada Julieta González formularon cargos contra dos nuevos imputados: el actual concejal de la localidad Sergio Luis Soto, quien al momento de los hechos investigados ocupaba la presidencia de la cooperativa, y M.D.F.A, capataz de la entidad. A ambos les atribuyeron haber puesto en peligro la salud de la población por su responsabilidad en haber mantenido colocados, en operación y acopiados, transformadores contaminados con PCBs (bifenilos policlorados).
Tras un cuarto intermedio de 48 horas, la jueza de garantías Natalia Pelosso rechazó la formulación por considerar que la fiscalía debía profundizar la investigación.
En términos generales, en la impugnación ordinaria presentada ante el Tribunal de Impugnación, Breide Obeid consideró que la magistrada se excedió en sus facultades al analizar las evidencias, al expedirse al respecto durante una audiencia de formulación de cargos. “A su entender –de la jueza- primero viene la investigación y luego la formulación de cargos; subvirtiendo la finalidad de la audiencia de formalización de la investigación e imponiendo un estándar probatorio más propio de un control de acusación o de un juicio”, se indicó en el escrito.
Por esa razón, el fiscal jefe pidió al Tribunal de Impugnación que anule la resolución de la jueza y tenga por formulados los cargos o, en su defecto, convoque a una nueva audiencia ante otro juez o jueza de garantías.
Las identidad de las personas imputadas en la causa se mantiene en reserva hasta tanto se declare su responsabilidad penal, con la única excepción de aquellos y aquellas que se desempeñan o desempeñaban como funcionarios o funcionarias públicas al momento de los hechos.