La legislatura aprobó una iniciativa del Ejecutivo provincial y sancionó una reforma a las leyes complementarias del régimen de Defensa al Consumidor. En lugar de esperar que se agote la vía administrativa, de ahora en más se podrá apelar a tribunales civiles.
Para acelerar la respuesta a los reclamos de los consumidores neuquinos, la legislatura provincial sancionó recientemente la ley 3501 que introduce una serie de modificaciones normativas en materia de Defensa del Consumidor y había sido impulsada por el Poder Ejecutivo.
“El gobernador Rolando Figueroa planteó el 1 de marzo un conjunto de proyectos de ley, que son todas leyes complementarias de la Ley de Defensa del Consumidor”, informó el director provincial de Protección al Consumidor Pablo Tomasini.
Explicó al respecto que “en algún momento a tener problemas con las apelaciones”. “Las empresas a las cuales se multaba por alguna situación nos planteaban agotar la vía administrativa y agotar la vía administrativa es otro procedimiento y lleva un montón de tiempo”, agregó.
Para clarificar la situación y evitar dilaciones, el gobierno neuquino impulsó la adecuación de varias leyes mediante la modificación de un artículo que permitirá la apelación rápida a los tribunales civiles.
“Dejamos todo el plexo normativo de Defensa del Consumidor con ese sistema de apelaciones, tanto la ley nacional como las provinciales que se puede apelar directamente a los tribunales civiles, con lo cual acorta muchísimo el procedimiento para darle satisfacción a lo que la sociedad necesita que es que los consumidores tengan su respuesta”, indicó Tomasini.
Específicamente, los legisladores aprobaron la incorporación de un artículo en las leyes provinciales N° 2874, 2923, 3121, 3146, 3154, 3224 y 3318 -complementarias del régimen de Defensa del Consumidor- para habilitar el recurso judicial directo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería frente a actos administrativos que impongan sanciones, tal como lo establece la normativa nacional.
A raíz de esto, “nos pondremos a trabajar rápidamente en interceder con el Tribunal Superior de Justicia y con los juzgados civiles en este nuevo esquema de apelaciones”, afirmó.
El funcionario, que depende del ministerio de Gobierno, consideró que de esta forma “las empresas van a van a tener un tiempo mucho más corto para darnos las respuestas, responderles a los consumidores y, a su vez, responderle a la sociedad en su conjunto, que es la que está buscando que corrijan sus conductas.”