La fiscal del caso Inés Gerez sostuvo que la investigación por el vuelco de un camión del Ejército Argentino en San Martín de los Andes, y como consecuencia del cual fallecieron cuatro soldados, deberá pasar al ámbito de la Justicia Federal.
El planteo lo hizo durante una audiencia realizada ayer al mediodía en San Martín de los Andes. De acuerdo a la información que especificó, desde el Juzgado Federal de Zapala, a cargo del magistrado subrogante Hugo Horacio Greca, se declaró la competencia de ese ámbito para intervenir en la investigación del caso. La decisión fue notificada el pasado 29 de noviembre al Ministerio Público Fiscal.
“Hemos recibido un oficio que nos informa de la declaración de competencia del Juzgado Federal de Zapala en torno al caso, y en el cual nos solicita que enviemos todo la información reunida en el contexto de la investigación”, precisó Gerez. Dicho oficio también requiere “la inhibición” de la fiscal del caso para continuar avanzando con medidas.

Entre los argumentos para requerir la investigación, el oficio menciona que “se encontrarían en juego cuestiones de índole federal, relacionadas con la responsabilidad de un funcionario público en cumplimiento de funciones para el Ejército Argentino”.
En la audiencia de ayer, Gerez manifestó conformidad con el traslado del caso al ámbito federal. Sostuvo que, con el avance, de la investigación se recolectó información de la cual se podrían desprender cuestiones funcionales vinculadas a personal del Ejército. Añadió que en el Ministerio Público Fiscal de Neuquén aún no había realizado la formulación de cargos en el caso porque la persona bajo investigación está bajo tratamiento.
El hecho ocurrió el 21 de septiembre de 2023. Alrededor de las 14.30, un camión Mercedes Benz que trasladaba 22 soldados, salió de la ruta provincial 62, que lleva al lago Lolog, y cayó por un barranco. Cuatro personas (tres varones y una mujer), fallecieron y las restantes resultaron heridas.
Entre las medidas que solicitó la fiscal del caso, figura una pericia accidentológica a cargo de la Policía provincial que determinó que el rodado circulaba a una velocidad aproximada de 42 kilómetros por hora.
El juez de garantías que intervino en la audiencia realizada dispuso que el caso pase al ámbito federal. A instancias de esta resolución, a partir de ahora la investigación quedó a cargo de ese fuero.