Por pedido de la fiscalía, Néstor Pablo Sanz, uno de los acusados como jefes de una asociación ilícita que realizó estafas con la administración y el cobro de planes sociales del Estado provincial, volverá a prisión preventiva por 6 meses.
Así se resolvió hoy durante una audiencia a la que el imputado llegó detenido, luego de que el dispositivo electrónico tipo tobillera que controlaba el cumplimiento de una detención domiciliaria desde hacía 11 meses, arrojara 16 salidas del rango permitido durante la jornada de ayer.
La solicitud para que el imputado, quien llevaba 11 meses en prisión domiciliaria luego de haber pasado 4 meses en una comisaría al inicio de la investigación, volviera a cumplir la medida cautelar fue realizada ayer por el fiscal del caso Juan Narvaez, junto al fiscal jefe Pablo Vignaroli y la asistente letrada letrada Agustina Jara.
El fiscal de Delitos Económicos presentó un informe del organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de realizar el seguimiento de las tobilleras electrónicas que funcionan en la provincia, en el que se dio cuenta de una primera alarma a las 16:45 de ayer. “Se normaliza 4 minutos después, pero eso lo repitió 16 veces ayer”, indicó Narvaez. Luego, el fiscal jefe Vignaroli precisó que las salidas llegaron hasta los 19 minutos.
Durante la audiencia, el imputado informó que cumple la prisión domiciliaria en un departamento ubicado al fondo de un predio en el que, además, hay otras viviendas y que, a su pedido, se le amplió el rango de movimientos.
El fiscal Narvaez explicó que ese cambio no tuvo el aval de la fiscalía ni de “ninguna autoridad”, y fue uno de los argumentos del juez Lucas Yancarelli al momento de resolver: “Si la tobillera se dispuso para un domicilio, las resoluciones tienen una esencia. La ampliación no sé quién la decidió, sino que lo hizo alguien a pedido del imputado. Que fuera a lo de su hermano no estaba autorizado y no tenía nada que hacer allí”, afirmó.
Sanz es uno de los imputados como jefes en la investigación que lleva adelante la fiscalía. El 10 de julio de 2023 se impuso una prisión preventiva, que a pesar de la oposición fiscal, cuatro meses después se transformó en prisión domiciliaria. “Claramente tenemos una pauta de que el imputado está demostrando burlarse de la justicia, de que no respeta la decisión de un magistrado al incumplir la detención domiciliaria, y necesitamos continuar neutralizando los peligros procesales”, afirmó Narvaez respecto de los riesgos de entorpecimiento de la investigación y de no sometimiento al proceso. Luego solicitó la inmediata conversión de la detención domiciliaria en prisión preventiva, además de una prórroga por 6 meses a partir del 10 de noviembre.
Tras escuchar a las partes, el juez hizo lugar al pedido de la fiscalía en todos sus términos.